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En qué consiste el cheque formación

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Está claro que mejorar la preparación académica de los ciudadanos es fundamental para salir de la crisis y fomentar el crecimiento de la economía. Dada la elevadísima tasa de desempleo que se registra en España (del 23,4%), el Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es/index.htm) está ultimando un nuevo sistema que entrará en vigor este año y que incluirá  el llamado cheque formación. Una medida con la que se intentará evitar los casos de fraude cometidos por la patronal y los sindicatos, como los que se están investigando en Andalucía.

Esta iniciativa permitirá conseguir una mayor transparencia en este ámbito. Y es que serán los propios desempleados quienes canjeen el cheque para la formación para acceder a los cursos que más les interesen y que impartan las entidades que ellos mismos elijan. Para garantizar que todos estos trámites estén dentro de la normativa, los centros que ofrezcan estas acciones formativas deberán contar con la acreditación oficial que otorgará el Ministerio de Empleo. De esta forma, podrán percibir las cuantías que les correspondan en función del número de alumnos a los que les hayan dado formación.

Parados de larga duración

El proyecto del cheque formación está destinado a aumentar las posibilidad de los parados de larga duración de encontrar un puesto de trabajo. Otros colectivos que podrán beneficiarse de este nuevo sistema son los desempleados menores de 30 años y los mayores de 55. Gracias a este plan, el Gobierno espera que los parados puedan acceder a un empleo de calidad bien sea mejorando su cualificación en la profesión que hayan desempeñado o adquiriendo nuevos conocimientos que les permitan ampliar su abanico de opciones.

La información relativa a los cursos que realice una persona a través del cheque formación quedará almacenada en los registros del ministerio, con lo que estará a disposición del Servicio Público de Empleo para posibles contrataciones. El nuevo programa  para el control de la formación también incluye otras medidas encaminadas a garantizar la legalidad. Así, el Gobierno limitará al 50% los anticipos de fondos y recortará hasta el 10% los cursos impartidos al personal propio.

Con este sistema, la Administración pretende frenar los escándalos relacionados con la formación a desempleados. Hasta este momento, eran los centros encargados de impartir los cursos los encargados de legitimar la competencia de la formación que ofrecían. Es decir, que cuantas más personas accedían a las acciones formativas más fondos conseguían las empresas y las organizaciones sindicales.

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